Explotadores del agua en México: la lucha por el río Chalma

Como si fuera el porfiriato, particulares se apropian de ríos… Esta es una de las investigaciones de MCCI, las cuales muestran cómo el agua, un recurso de la nación, se compra, vende y explota como si se tratara de un bien privado abundante, mientras el Estado no pone ninguna traba. Por Aminetth Sánchez Fotografías y videos: Lucía Vergara y Adolfo Valtierra/ MCCI* El agua comenzó a escasear en agosto de 2012. Los cultivos de caña, arroz y maíz lo resintieron: existía el riesgo de que se perdiera la cosecha. De inmediato, se dispararon las alertas de unos 80 productores del ejido Chalmita, ubicado en los límites de los municipios Ocuilan de Arteaga y Malinalco, en el Estado de México. Algo estaba sucediendo con el agua que debía llegar hasta sus terrenos desde el río Chalma. Un grupo de ejidatarios —liderados por el presidente del comisariado Roberto Jesús Valle, el secretario Marcos Chaqueco y el tesorero Félix Rojas— decidió acudir al río para verificar que no estuviera bloqueado el paso del agua que surte sus canales de riego. Ni siquiera pudieron comprobarlo. Cercas de alambre de púas y un equipo de vigilantes les impidieron pasar por el único camino que ellos y otros ejidatarios de poblados cercanos tienen para llegar al Canal número 2 del río, el punto donde tienen acceso al agua. La noticia comenzó a circular por las calles de Chalmita y los otros seis poblados afectados: Jalmolonga, La Cañada, Los Tepehuajes, Chalma, La Lagunita y San Sebastián. Era grave para todos porque sus cultivos dependían de esa agua. Se preguntaban quiénes les impedían pasar al río. Los mismos vigilantes les dieron la respuesta: “Nos dijeron que eran terrenos de (Ricardo) Salinas Pliego —fundador y presidente de Grupo Salinas, integrado por empresas como TV Azteca, Elektra y Totalplay— y que tenían el derecho para usar el agua de esa zona”, recuerda uno de los ejidatarios, quien solicitó el anonimato. Apenas se supo, más personas empezaron a concentrarse en el camino bloqueado, que está casi al pie de la carretera Chalma-Malinalco, esa por la que pasan los peregrinos que desean llegar al Santuario del Señor de Chalma. Los pobladores creían que se trataba de un error, pues Chalmita y otros ejidos tenían derecho a usar esas aguas desde la época en que Lázaro Cárdenas fue presidente de México. El 5 de noviembre de 1935, el ejido fue dotado de 708 hectáreas de riego y uso común, mediante resolución presidencial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 1936. Además, la dirección de Tierras y Aguas del entonces Departamento Agrario les comunicó que el Cuerpo Consultivo Agrario había aprobado un acuerdo de accesión de aguas —instrumento a través del cual se le asignaban a los ejidos agua para el riego de sus parcelas y para uso humano— para utilizar un millón 102 mil 183 metros cúbicos al año. Podrían acceder al agua a través del Canal número 2 del río Chalma, ese al que ahora les impedían el paso. Seguros de que ellos tenían derecho a utilizar el agua del río, los ejidatarios intentaron quitar la cerca. Cómo iban a saber Roberto Jesús Valle, Marcos Chaqueco y Félix Rojas que este intento los llevaría a la cárcel acusados de despojo y daño en los bienes. Los tres fueron detenidos por elementos policiacos, los presentaron ante el Ministerio Público y luego fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenancingo, a casi 40 minutos de Malinalco. Estuvieron un día en el penal y el Ministerio Público cuantificó que los daños no superaron los 2 mil 500 pesos. Al final fueron absueltos. La lucha por el agua del río apenas comenzaba. A partir de entonces, a algunos de los ejidatarios les tocaría reunirse con abogados, enfrentarse en tribunales, adoptar medidas de protección ante el temor de ser intimidados e implementar acciones para terminar con campañas de desprestigio lanzadas en su contra. Sin paso y sin agua Los habitantes de Ocuilan de Arteaga y Malinalco señalan que, por lo menos, desde 2008, Ricardo Salinas Pliego comenzó a comprar propiedades en esa región. A ellos no les sorprendió que el fundador y presidente de Grupo Salinas y uno de los hombres más ricos del país se interesara en esta zona, en donde desde hace tiempo empresarios y políticos tienen haciendas y casas de descanso. La asociación civil llamada Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca, vinculada al grupo empresarial de Salinas Pliego, compró las exhaciendas de Tepopula y los ranchos El Rocío y El Rosal, conocidos como Hacienda Jalmolonga. Las construcciones de las haciendas, coronadas con grandes cúpulas, están rodeadas de amplios terrenos con pasto y vegetación diversa. El Canal número 2 pasa justo por esas propiedades. En noviembre de 2010, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgó al Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca —con domicilio en exhacienda Tepopula, en la carretera Malinalco-Chalma— la concesión 04MEX108514/18EADL10 para aprovechar 20 mil 290 metros cuadrados de la zona federal, ubicada al margen izquierdo del río Chalma. El uso que se autorizó fue “servicios”. En el expediente del título de concesión —obtenido a través de una solicitud de información a Conagua— se establece que el uso que el centro daría a los 20 mil 290 metros cuadrados de zona federal sería jardinería: limpiar, preservar y cuidar el área cercana al río. La actividad considera realizar encostalado, desmonte y extracción de tocones con máquina retroexcavadora, poda de árboles y plantas existentes, desmonte y movimiento de piedras y nivelación de terreno accidentado. Amparados en esta concesión, el equipo de vigilancia del Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca bloqueó el único paso que los ejidatarios tienen para acceder al Canal número 2, darle mantenimiento y conservarlo limpio con el único objetivo de que no se tape el paso y deje de fluir el agua hacia sus ejidos. La actual Ley de Aguas Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 1992, establece que tanto personas como empresas u organizaciones pueden solicitar concesiones para aprovechar zonas federales, terrenos contiguos a cauces, lagos, lagunas o pantanos de propiedad nacional administradas por la Conagua. La concesión la puede obtener cualquiera que cumpla con el trámite y cubra con los pagos y obligaciones que marca la ley, aunque la legislación establece que el poseedor de una propiedad colindante a la zona federal tendrá preferencia. El solicitante puede dar diversos usos al terreno: agrícola, pecuario, silvícola, servicios, acuícola, ocupación con obras o cualquier otro que indique en la solicitud de servicios, como jardinería. Elena Burns, integrante de la organización Agua para [email protected] Agua para la Vida, destaca que la autoridad no puede garantizar que el uso otorgado en una concesión se cumpla y no afecte los derechos de terceros: “No hay inspectores suficientes para vigilar todas las concesiones, entre ellas las de zonas federales”. Objetivo final: ¿una hidroeléctrica? El Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca A.C. se constituyó el 17 de febrero de 2005 en la notaría número 90 de la Ciudad de México, cuyo titular es Joel Chirino Castillo, uno de los notarios al que recurre en forma constante Grupo Salinas. Los socios fundadores de la asociación fueron: TV Azteca, Grupo Elektra y Teleactivos. En el acta constitutiva de la asociación —que forma parte del expediente del título de concesión obtenido vía transparencia— se señala que el centro fue creado para organizar e impartir “clases, seminarios, talleres de capacitación para la enseñanza de mejoras ejecutivas encaminadas al desarrollo y conocimientos del personal de empresas, sociedades, instituciones, ya sean gubernamentales o no, en materia administrativa, fiscal, recursos humanos, derecho y demás ramas para el funcionamiento y dirección de sociedades”. Cuatro años después de que se constituyó la organización comenzó el trámite en la Conagua para obtener la concesión para uso de la zona federal ubicada al margen del río Chalma. En documentos incluidos en el expediente de la concesión, se puede conocer que fue en 2009 cuando Luis Reyes Varela, apoderado legal del Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca, presentó ante el Centro Integral de Servicios de la Dirección Local Estado de México de Conagua la solicitud de concesión para ocupar los terrenos federales. El proceso incluyó un ir y venir de documentos, solicitudes y correcciones, según consta en el expediente. Primero, solicitaron “por un error involuntario” la concesión para un área de 12,500 metros cuadrados y se corrigió a 20,290 metros cuadrados. Luego, el dictamen técnico daba la autorización para el margen derecho del río Chalma, no el izquierdo que era el que solicitaba el centro. Después, Santiago González Martínez, director local de la dirección del Estado de México de Conagua, informó a Reyes Varela que al revisar el expediente MEX-L-0474-10-11-09 detectó que carecía de información para emitir la resolución al trámite, por lo que le dio cinco días para subsanar las deficiencias. Fue hasta el 25 de noviembre de 2010 cuando se autorizó la concesión; el 17 de marzo de 2011 se publicó en el Registro Público de Derechos de Agua (Repda). Cuando aún no se había autorizado la concesión, durante ocho meses personal del Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca realizó mediciones diarias del caudal del río que fluía al margen de la propiedad. Así lo revela una carta que firma Juan Luis Del Valle Luarca, gerente de área del Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca, integrada en la carpeta del expediente, enviada el 7 de mayo de 2010 al director local de Conagua en el Estado de México, Santiago González Martínez. El objetivo de las mediciones era hacer estudios de factibilidad para una futura utilización del cauce para generación hidroeléctrica en pequeña escala, buscando el autoabasto eléctrico de sus equipos. En la carta del 7 de mayo de 2010, los representantes del Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca ya daban por hecho que les entregarían la concesión. Incluso, tenían el número del permiso: “Cabe señalar de manera informativa que actualmente contamos con el título de concesión 04MEX108514/18EADL10 para usar la zona federal al margen del río, por lo que el acceso al vertedor y las actividades diarias de medición no presentarán problemas”, aseguró Juan Luis Del Valle Luarca, gerente de área del Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca, quien firmó el documento. No existe registro oficial que indique la existencia de permisos para instalar una hidroeléctrica en la propiedad. Hasta septiembre de 2019 tampoco existían en el lugar obras relacionadas con la generación de energía, de acuerdo con los pobladores. En el expediente de la concesión solo se detalla que en la zona se construyeron puentes para conectar los diferentes terrenos del Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca, que tiempo después se transformó. El 12 de julio de 2017, la asociación modificó sus estatutos sociales y se transformó en Red Inmobiliaria Los Verdes Campos S.A. de C.V., detalla el acta de protocolización de la notaría número 89 de la Ciudad de México a la que se tuvo acceso. El objeto social establece que será una empresa dedicada a la construcción, consultoría, venta de maquinaria y administración de bienes raíces. Los socios: Corporación RBS SA de CV y Diego Gerardo Foyo Mejía, director de Azteca Holdings SA de CV. (Lee la investigación completa en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad) Los explotadores del agua Esta es una de las investigaciones de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, las cuales muestran cómo el agua, un recurso de la nación, se compra, vende y explota como si se tratara de un bien privado abundante, mientras el Estado no pone ninguna traba. Consulta aquí el resto de los textos, que comparten con los lectores de Aristegui Noticias: Mineras que dejan secas a comunidades. Empresarios que acaparan volúmenes de agua que serían suficientes para atender las necesidades de una comarca entera. Políticos que riegan sus ranchos sin problema, mientras sus vecinos resienten la sequía. Campesinos orillados a vender sus concesiones de agua a grandes compañías agrícolas. Proliferación impune de pozos ilegales. Inmobiliarias y complejos industriales que obtienen concesiones de agua para uso agrícola y, por lo tanto, mediante ese engaño evitan pagar por ese recurso. Un lucrativo mercado negro de títulos de concesiones de agua. Particulares que, como si fuera el porfiriato, se apropian de ríos. Falsificación masiva y venta de documentos apócrifos para obtener concesiones.
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